Óscar V. Machado / CDMX Magacín
Para proteger los derechos de más de 2 millones de capitalinos que habitan una vivienda rentada y evitar que se siga expulsando a la periferia de la ciudad a más de 25 mil familias por año, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en los próximos días enviará al Congreso de la Ciudad de México su iniciativa de reforma constitucional para establecer rentas justas y transformar las relaciones entre inquilinos y arrendadores.
En conferencia de prensa, aseguró que su propuesta busca establecer que el precio de las rentas de ventas no se incrementen arriba de la inflación; obligar al gobierno a articular una política para incrementar la oferta de una vivienda social y asequible, así como ampliar su reserva territorial para construir vivienda social; crear la Defensoría de los Derechos Inquilinarios que defenderá los derechos y obligaciones de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios; y incorporar el derecho constitucional de arraigo vecinal y comunitario.
Alertó que en la Ciudad de México entre 2010 y 2020 se incrementó en 135 mil el número de personas que rentan una vivienda y en el centro de la capital más del 40% de su población paga renta, entre 2019 y 2023 el precio de la renta en algunas zonas de la metrópoli se incrementó en más del 30%, de 2015 a 2024 se duplicó el precio de la vivienda, los capitalinos con menos recursos llegan a destinar casi el 50% para el pago de renta, “en 2020 se expulsó a 500 mil capitalinos fuera de la capital”.
Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio, también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad, con esta iniciativa seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en la Constitución un límite al crecimiento de los alquileres y una obligación de articular políticas públicas contra la gentrificación, enfatizó.
Además de esta iniciativa de reforma constitucional, Brugada Molina también presentó una propuesta de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles que buscará dar respuesta a una exigencia de grandes mayorías sociales, «una demanda que históricamente ha sido levantada desde las calles, expresada en foros y en diversos espacios de participación y ha sido enarbolada también por movimientos y organizaciones de la sociedad civil».
«Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad».
Ante esto, la Mandataria capitalina llamó al Congreso de la Ciudad de México a generar el proceso de debate y análisis de sus planteamientos, “pero como sabemos que las reformas constitucionales podrán ser sometidas al Pleno para el siguiente periodo legislativo que es en septiembre, cuando podrán discutir la reforma constitucional como la propuesta de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, “así estamos fortaleciendo esta ley y brindándole paraguas constitucional”.
