CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto, (CDMX MAGACÍN).-La diputada del PAN Gabriela Salido propuso reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, para que se realicen las adecuaciones que resulten necesarias y se garantice el acceso a los servicios y los derechos de la ciudadanía.
Lo anterior, con el objetivo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Planeación, así como las Alcaldías, realicen evaluaciones previas y subsecuentes de las condiciones que presenta la infraestructura para la prestación de servicios públicos, en las zonas y corredores designados en la ciudad para la ejecución de Programas de Vivienda.
Explicó que pese a que, la CDMX cuenta con una amplia infraestructura de servicios, ésta ya ha sido rebasada, en muchos de los casos debido a su antigüedad y falta de mantenimiento, lo cual impide que los servicios públicos se presten en condiciones que garanticen los criterios de habitabilidad en la Ciudad.
“A estas condiciones físicas de la infraestructura, debemos sumar una carga adicional ante la implementación de programas y acuerdos de facilidades administrativas, que la actual administración en la Ciudad otorgó, para permitir el desarrollo urbano en zonas y corredores, por el simple hecho de señalar que ahí ya existe infraestructura para la prestación de servicios urbanos”.
Añadio: “Permitir la proliferación de desarrollos inmobiliarios por esta vía, agregó, puede ser materia de responsabilidad administrativa del o los servidores públicos involucrados, pues no se realiza el análisis global de las intervenciones, sino de cada obra conforme se van solicitando y autorizando al particular la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios a lo largo de la Ciudad.”, dijo la diputada.
Citó que, de acuerdo al Centro Nacional de Estudios Municipales, los servicios públicos se clasifican en: básicos (agua potable, drenaje, alcantarillado, calles, banquetas y alumbrado público); básicos complementarios (servicio de limpia, mercados, centrales de abasto, educación panteones y rastro); de seguridad (seguridad pública, tránsito y bomberos); y de protección a la comunidad y bienestar social (servicios de salud, prevención de accidentes, protección contra la contaminación, comunicación social, animación municipal, patrimonio histórico, artístico y cultural y acción deportiva).
