Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y en su momento la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguraron que no iban a permitir la impunidad en los casos de corrupción de Jesús Orta, quien fuera el primer jefe de la Policía en la actual administración capitalina, han pasado prácticamente cuatro años de los señalamientos de erogaciones ilegales de las arcas públicas por parte de este personaje, que ascienden a casi 6 mil millones de pesos.
Por omisión o comisión, porque no han podido o no han querido, Orta –quien fuera amigo de la propia Sheinbaum– lleva casi 3 años prófugo. Lo que siempre ha levantado sospechas es que pasó un año de que se supo había indagatorias en su contra a que se liberó una orden de aprehensión. Los ‘sospechosistas’ especulan que le dieron oportunidad de fugarse.
Los casos: la cuatroteísta Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero no lo ha podido aprehender por un fraude que involucra más de 2 mil 500 millones de pesos. Y la Contraloría de la Ciudad de México durante la administración de Sheinbaum no presionó por la vía penal en el caso del arrendamiento a sobreprecio de mil 855 patrullas por un monto de 3 mil 299.7 millones de pesos, en el periodo de Orta. Sobre este tema, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha hecho mutis.
La historia del primer delito que presuntamente cometió Orta proviene de la administración de Enrique Peña, cuando entre 2012 y 2014 era secretario general de la Policía Federal, cargo que aprovechó, según la FGR, para cometer varios delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero, desvíos de recursos del erario. Esos ilícitos son graves, por lo que de haberlo detenido permanecería encerrado bajo la figura de prisión preventiva oficiosa.
Desde agosto de 2019 se supo que la FGR indagaba al ex jefe de la policía capitalina por estos ilícitos. Pero lo dejaron en el cargo hasta el 8 octubre de ese año cuando le aceptaron la renuncia “por motivos personales”. La orden de aprehensión contra Orta vino un año después, el 10 de octubre de 2020, cual si le hubieran dado chance de organizar su fuga. Y eso que el presidente López Obrador se comprometió que no iban a tolerar la corrupción ni iban a encubrir a nadie. La historia, hasta hoy, evidencia lo contrario.
Orta, quien llegó en diciembre de 2018 a la SSC y anunció que haría una limpia de corrupción, presumió en sus primeras semanas que investigaban un cúmulo de irregularidades del pasado: abusos de mandos, faltantes de vehículos y otras. Sin embargo, la paradoja es que después él terminó siendo investigado por la Contraloría de la CDMX, según se informó en agosto de 2020, casi un año después de su renuncia. Todo, por presuntas irregularidades en el arrendamiento por tres años de mil 855 patrullas por un monto de 3 mil 299.7 millones de pesos, otorgado a la empresa Total Parts and Components, presuntamente a sobreprecio. Este contrato tuvo el visto bueno de la oficina de la Jefatura de Gobierno, o sea Sheinbaum, quien hasta se jactó que se ahorraron casi mil millones de pesos.
El tema sigue persiguiendo al contralor Juan José Serrano y por ende a la ex jefa de Gobierno, pues la oposición reclama que el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX no ha determinado la sanción para Orta y menos ha dado vista a la Fiscalía capitalina para que judicialice el caso. Así, 4 años de impunidad para Jesús Orta por dos hechos de corrupción cuya erogación de recursos públicos involucra a poco más de 5 mil 800 millones de pesos.
