Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
La presentación el viernes por parte del Gobierno de la CDMX de una denuncia penal por “racismo y discriminación”, y derivado de ello por “falsificación” contra la cadena de restaurantes “Sonora Grill” marca un importante precedente en la capital respecto de no va a permitir se rebasen los límites de convivencia digna y pacífica entre iguales.
Mayor avance es que, además, la semana pasada –tres días antes– el Congreso de la CDMX reformó las Leyes del Instituto de Verificación Administración y la de Establecimientos Mercantiles para eliminar los actos de discriminación al interior de los establecimientos mercantiles y que los alcaldes tengan más atribuciones y responsabilidades para atacar el problema.
Pero falta mucho por hacer para las autoridades de los tres niveles de gobierno en muchos más establecimientos mercantiles, pero también en instituciones educativas federales, centros comerciales, hospitales, clínicas del IMSS, del ISSTE, Ministerios Públicos, cuerpos policiales. Deben haber más rigor y no permitir simulaciones.
El caso del restaurante Sonora Grill es el que llevó al Congreso de la capital a reformar las leyes citadas, pues le concedió atribuciones al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), que ahora ya puede calificar la existencia de un acto de discriminación al interior de un establecimiento mercantil, mediante la emisión de una opinión jurídica.
En la enmienda legal, esa opinión se remite a la Secretaría de Gobierno, al Instituto de Verificación Administrativa y a la Alcaldía correspondiente para que esta última inicie el procedimiento adecuado para emitir una resolución y eventual sanción, de tal manera que exista verdadera colaboración entre las instancias.
La titular del CONAPRED, Geraldina González dijo que se tuvo que ir por el camino penal contra el Sonora Grill porque durante más de un año nunca quisieron colaborar “para atender las denuncias que presentaron en su contra por presunta discriminación en la sucursal Sonora Prime Grill Masaryk, en Polanco, simuló hacer exámenes y los falsificó. Es discriminación y fraude”.
Sobre este caso, el diputado local de Morena, Martín Padilla, pidió a la Alcaldía Miguel Hidalgo, que encabeza Mauricio Tabe, que aplique la Ley y sancione al restaurante. Pero difícilmente lo hará, porque actúa más como si fuera promotor mercantil que como Alcalde.
Tabe también ha obviado las quejas que hay, por ejemplo, contra el Hospital Español que se ubica en esa demarcación, pues hay más lugares para que se estacionen los guaruras que para personas con discapacidad. Apenas hay 5 cajones para una torre médica de más de 100 consultorios. Es un absurdo que haya más sitios para parquear en una tienda de autoservicio. Como dijo el clásico, tal parece que a Tabe le tiembla al mano.
A partir de estas reformas, las sanciones contra establecimientos mercantiles que incurran en discriminación van, para los más pequeños, desde con 126 Unidad de Medida y Actualización diaria vigente (UMA), que son 13 mil pesos, hasta más de 25 mil UMA, que ascienden a 2 millones y medio de pesos.
Así, esta reforma legal aprobada la semana pasada en el Congreso capitalino le obliga a las Alcaldías a ser más rigurosos para evitar la discriminación y aplicar sanciones, a fin de que alcaldes como el caso de Miguel Hidalgo de verdad apliquen la Ley, y en caso de no hacerlo se hagan acreedores a una falta administrativa e incluso hasta un delito. Ojalá que el Gobierno capitalino actúe al respecto y parejo con todos los ediles. Lo veremos.
