Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Martí Batres lo sabe: la falta de vivienda asequible en la Ciudad de México es una de las grandes deudas de la izquierda en los 27 años que tiene gobernando la capital. Son corresponsables de la creación de cárteles inmobiliarios que iniciaron con el lopezobradorismo y causaron el alza desmedida en precios de departamentos y casas, las rentas caras.
Ya como gobierno de Morena, del 2018 para acá, el problema se agudizó porque actuaron tarde y con tibieza ante la creciente gentrificación causada en gran medida por la falta de regulación a los servicios de rentas de corto plazo (tipo Airbnb), que dejó pasar la administración de Claudia Sheinbaum. Esto expulsó a más gente hacia las zonas más empobrecidas, donde hay menos servicios, destacadamente la zona conurbada.
Ante esta realidad, Batres busca dejar como sello de su administración reformas legales que disminuyan el costo de las rentas de viviendas. Por una parte, para que los jóvenes puedan conseguir departamentos de cuando mucho 5 mil pesos mensuales de renta, con servicios incluidos.
Es frenar de tajo las rentas caras y abusos por parte de arrendadores, que actúan de manera ventajosa por sobre los arrendatarios. Cierto, se incrementó todo desde la reforma al Código Civil del gobierno de Miguel Mancera, pero empeoró en este sexenio y hoy les pueden poner límites.
El plan es que una reforma en este sentido se apruebe antes del 30 de septiembre que concluye Batres. Ya van a comenzar los foros de discusión. Los planteamientos que ya se han discutido en el Congreso de la Ciudad de México van en el sentido de que los inquilinos tengan menos desventajas. Por ejemplo, que el dueño esté obligado a que la renta de un inmueble sea por al menos 3 años, salvo que el arrendatario no quiera. También que no se pueda exigir al inquilino más de un mes de anticipo de rentas, ni depósitos, y tampoco solicitar fianza o propiedad como garantía o impedir desocupaciones arbitrarias.
Todo va de la mano con las nuevas disposiciones en la Ley de Turismo, para controlar a los Airbnb, pues hay edificios que en su totalidad los han convertido en rentas de corto plazo, por las que cobran a veces en una semana lo de un mes de arrendamientos convencionales.
Al poner en orden a los Airbnb disminuirá el incentivo de rentar a través de ese tipo de aplicaciones. Hoy, ya tienen más obligaciones: deben registrarse en el Padrón de Anfitriones de la CDMX con todos los inmuebles que rentan; informar al gobierno local semestralmente sobre la ocupación; exponerles y acreditar medidas de seguridad, de protección civil, de entradas y salidas de menores de edad, cumplimiento de obligaciones fiscales, informes semestrales sobre ocupación.
Además, quienes tengan más de tres inmuebles operarán bajo toda la normatividad y controles de un hotel, para dejar de ser una competencia desleal. La idea es que esto también ayude a revertir las costosas rentas convencionales, o cuando menos que el problema ya no crezca más.
La discusión que viene contempla lo que han hecho en grandes urbes de otros países. Por ejemplo, establecer límites de porcentaje de renta anual total respecto del valor del inmueble, por ejemplo, del 8%. Pero que a partir de la reforma ese porcentaje se aplique respecto del valor catastral, no comercial. Esto disminuiría considerablemente las rentas y la izquierda podrá al menos empezar a reivindicarse en este tema. Lo veremos.
