Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
La gran controversia no es sólo para la Ciudad de México, es mundial. Es una gran interrogante: ¿La vivienda es un derecho o una mercancía al mejor postor?
Es las dos cosas, según conclusiones y experiencias de grandes urbes, pero requiere de un balance, un equilibrio muy fino para que la gente pueda poseer una propiedad habitacional y el sector inmobiliario pueda hacer negocio, que tenga vitalidad financiera para que ayude a la edificación de vivienda de carácter social.
El gran problema en la Ciudad de México es que precisamente se perdió ese balance entre derecho y mercancía. Y ocurrió paradójicamente, o al menos se acentuó, en los casi 30 años que lleva gobernando la izquierda en la capital del país. Por eso es momento de una sacudida, un jalón para atender la necesidad de construcción de viviendas, pues hay alrededor de 2 millones de personas en la CDMX que no tienen casa propia.
En este contexto, cobra mayor relevancia la iniciativa de reforma Constitucional que acaba de presentar al Congreso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en la que se establece la vivienda como un derecho humano, en la Carta Magna de la CDMX. Con eso se reafirma como un gobierno de carácter social y busca saldar una deuda histórica de la izquierda con los capitalinos, un pendiente que lleva arrastrándose 30 años: el derecho a la vivienda que, paradójicamente, desatendieron gobiernos emanados de la izquierda, como el de López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Mancera e incluso Claudia Sheinbaum.
En esta etapa, por el contrario, se privilegió la especulación en la vivienda, lo que agudizó la crisis que se había heredado de la etapa de las Regencias del PRI en el entonces Departamento del Distrito Federal.
Todo comenzó con el Bando 2 que emitió López Obrador en 2001, en el cual concedió sólo permisos para desarrollos inmobiliarios en las Delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Esto marcó el inicio de la gentrificación y el enorme negocio de la especulación inmobiliaria que padecemos actualmente. Por eso es que no hay mejor negocio que adquirir una propiedad en “preventa”, al inicio de la construcción, porque en un año que se termina de edificar el inmueble, se puede vender al doble. Y surgieron no uno, sino varios cárteles inmobiliarios de empresarios de todos los colores, con migas en el partido oficial y en la oposición, incluso repartiéndose en negociaciones o disputándose abiertamente el control de las Jefaturas Delegacionales o Alcaldías para tener el respaldo institucional que les facilitara las construcciones, incluso pasando por encima de cualquier norma de límite de pisos, servicios urbanos en el entorno, condiciones del subsuelo. El negocio desbordado, por encima de todo.
No ha sido fácil para el gobierno de Brugada entrarle a este tema, porque hay muchos intereses de por medio, incluso de empresarios que tienen amistad con Palacio. Por eso es que ya lleva prácticamente un año la discusión de un paquete de iniciativas de reformas Constitucionales que se presentaron este jueves al Congreso de la CDMX, con las Leyes secundarias que se discutirán en los próximos meses, y se prevé que todo quede aprobado hacia el último trimestre del año.
Esta iniciativa le viene a dar oxígeno a la discusión del tema, pero también a que grupos que han realizado manifestaciones violentas en los últimos días exigiendo vivienda no vayan a protestar durante el Mundial de futbol. Al mismo tiempo, no se inquieta al sector inmobiliario que está convencido va a hacer el negocio de su vida entorno a la Copa del Mundo.
Brugada propone elevar a rango constitucional el impedimento que el aumento anual a la renta sea mayor que la inflación; que el Gobierno edifique de manera significativa la vivienda social; la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, y que el arraigo vecinal, cultural y económico quede plasmado como un derecho en la Carta Magna local.
El PAN ya adelantó que va contra la iniciativa porque “limita al crecimiento de los alquileres y porque vulnera el libre mercado y la propiedad privada al imponer topes artificiales”.
La reforma Constitucional está programada para aprobarse en septiembre próximo y después se avalaría lo que corresponde a normas secundarias. La promesa de Morena: “Vamos contra quienes convirtieron la vivienda en instrumento de especulación y usaron las fallas del mercado para expulsar a las familias de menores ingresos hacia las periferias”. Lo veremos.
